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ya le deben casi 200.000 millones de euros

ya le deben casi 200.000 millones de euros
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Roberto PérezRoberto Pérez

El disparado agujero de las autonomías se ha convertido en una lápida creciente para el Estado por la vía de los denominados «Mecanismos Extraordinarios de Financiación» (MEF), además llamados de forma total Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas -en el que, entre otras líneas de préstamo, se incluye el conocido FLA, el Fondo de Solvencia Autonómica-. En escasamente seis meses, del 1 de enero al 30 de junio de este año, las autonomías le han endosado a la Hacienda estatal 8.182 millones de euros de deuda. Récord invariable. Velocidad de mareo: casi 8.200 millones de agujero presupuestario generado por los gobiernos regionales en solo seis meses y que ha rematado en manos del Gobierno central.

Las autonomías -con Cataluña al frente- ya le deben al Estado casi 200.000 millones por el peculio que les ha ido prestando desde hace ocho primaveras. Supone el 62% de toda la deuda regional, que supera los 300.000 millones en total. Y la sigla suma y sigue a vertiginoso ritmo, empujada por la crisis.

Desde 2012, los gobiernos regionales acumulan números rojos con la tranquilidad de que ese obligación lo cargan a espaldas de la Hacienda estatal. Es una trampa al solitario porque, en términos reales, todo acaba siendo deuda pública de España. Pero las CCAA traspasan el problema al Gobierno central, convertido así en su prestamista de confianza, que alimenta con desprendimiento la deficitaria maquinaria autonómica y el que, llegado el caso, tiene que encargarse el desgaste político de drenar esos sobrecostes con subidas de impuestos.

Cuando lanzó el FLA, el entones Gobierno del PP dijo que iba a ser un guindola pasajero que, encima, iba a someter las cuentas de las comunidades más incumplidoras -a cambio de peculio, ajustes-. Ocho primaveras a posteriori, queda clarp que no ha sido aparejo pasajera ni ha metido en severa cintura.

Deuda en rizo y creciente

Al final, el que ha quedado atrapado es el Gobierno central. Es tal el bulto de deuda autonómica que ya está en las espaldas de la Hacienda estatal que al Gobierno le resulta cada vez más complicado romper agarraderas. Eso le lleva a prestarles sistemáticamente más peculio: les refinancia la deuda arrastrada y les presta el extra que necesitan para drenar su recurrente obligación, mes tras mes, año tras año. Por eso, las autonomías cada vez deben más peculio al Estado.

El País Vasco y Navarra son las únicas que no se han acogido a estos préstamos con los que el Estado riega al resto de autonomías desde 2012. Los privilegiados regímenes forales de financiación vasco y navarro les garantiza sistemáticamente ingresos extra, y no han precisado acudir al FLA ni al resto de los mecanismos extraordinarios del Fondo de Financiación de las CCAA.

De cara al próximo año, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recomendado a las CCAA no acontecer de un 2,2% de obligación en términos de PIB. Y ha asegurado que un 1,1% se lo financiará el Estado. Con las cuentas que echa Moncloa, eso supondrá cargarse, como exiguo, con otros 13.400 millones de euros de deuda autonómica en 2021. ¿Y cómo financiarán las regiones la millonada de todo el obligación no cubierto por el Estado? La ministra lo deja en el viento, lo que podría acercarse a las comunidades a inquirir peculio en los mercados financieros, como lo hacían ayer de 2012. Se enfrentarían a la temida prima de aventura, según la decano o último solvencia de cada una de ellas -Cataluña cayó en el descrédito hace primaveras y se le cerraron las puertas de los mercados financieros-.

Aventura para la caudal

Pese a la duda sembrada por la ministra, el economista Juan de Lucio, profesor-investigador de la Universidad de Alcalá, cree que al final será la Hacienda estatal la que, un año más, correrá con toda -o casi toda- la deuda de los gobiernos regionales.

«El Parcialidad Central Europeo ha dicho que va a tener solvencia, y mientras eso ocurra el Estado podrá seguir financiando a las autonomías», explica. Pero si el BCE cerrara el espita, el problema será de calibre, no ya para las autonomías sino para España como país.

Rafael Pampillón, profesor del IE Business School, aboga por zanjar con esa continua deuda autonómica a espaldas del Estado. «Es un maniquí injusto que traslada al conjunto de los españoles la error de rigor presupuestario de uno u otro gobierno regional». Y encima -afirma-, conlleva un aventura para el país, tanto en términos económicos directos como de credibilidad foráneo frente a quienes nos prestan el peculio. Pampillón está convencido de que los socios europeos van a escrutar nuestra estructura de pago frente a la insistente petición de peculio del Gobierno de Sánchez. Y los desequilibrios del obligación y la deuda autonómicas no van a ayudar precisamente frente a la UE.

«A cada palo, su vela»

Rafael Pampillón considera que se debería acortar esta suerte de mostrador autónomo financiera que el Estado sirve a las autonomías. «Que cada palo resistencia su vela, porque no puede ser que los gobiernos regionales sean autónomos en el pago pero no en los ingresos. Deben corresponsabilizarse de sus ingresos, y todo exceso de pago conocido en el que incurran por encima de los límites aceptados para todas las comunidades, que los cubran cobrando más impuestos a sus ciudadanos o recortando el pago».

Juan de Lucio coincide en esta misma fórmula normal, aunque reconoce que, en este momento concreto, la formal crisis económica no recomienda subir impuestos. Pero sí una revisión en profundidad de los gastos, que libere fortuna en lo secundario para centrarlos en los servicios prioritarios y en incentivar la competitividad del tejido productivo.

Sobre si hay aventura de que esta deriva acabe sumiendo al país en una crisis de deuda -con un horizonte de cortaduras severos o rescate-, De Lucio cree que es un peligro cierto. «Si no se corrigen los excesos de pago actuales, es probable que se avecine una crisis de deuda más pronto que tarde», advierte. Sobre todo teniendo en cuenta el aciago panorama financiero: «vamos a tardar varios primaveras en recuperar los niveles de 2019», afirma este profesor de la Universidad de Alcalá. «España debe cambiar el pauta de la subvención por el de la competitividad», subraya.

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