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Varios cines denuncian a la Junta de Andalucía por discriminación en la concesión de las ayudas al sector

Varios cines denuncian a la Sociedad de Andalucía por discriminación en la concesión de las ayudas al sector
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Los circuitos de exhibición Cines Yelmo, MK2 Cinesur, Multicines La Época, Ocine, Cinesa y Kinépolis han interpuesto un expediente de apelación contra la Resolución de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de 8 de septiembre de 2020, delante la Consejería de Civilización y Patrimonio Histórico alegando discriminación en las ayudas al sector de salas de cine en Andalucía.

Más concretamente, las salas de cine anteriormente citadas con presencia en Andalucía que representan 30 cines en el comarca para un total de 278 pantallas, 52 millones de euros de cobro y más de 10 millones de espectadores (datos 2019), han sido excluidas como posibles beneficiarios de las ayudas por no tener su domicilio fiscal en Andalucía, lo que supone que para la Sociedad de Andalucía, «andaluces» no son los establecimientos radicados en Andalucía, ni sus trabajadores, ni sus espectadores habituales, ni su radicación cultural, urbanística, económica y empresarial, de todos los establecimientos que ahí permanecen, se hallan a disposición del sabido andaluz y tributan en Andalucía.

Dicha discriminación resulta de forma trascendental en la zona uruguayo de la Comunidad Autónoma donde la Sociedad de Andalucía ha excluido de las ayudas a los cines más visitados por el sabido andaluz. Los cines de Málaga excluidos de las ayudas representan un 81% de la cuota de mercado de la provincia; un 75% de la cuota de mercado en Almería y un 72.4% de la cuota de mercado en Bomba. Solo estas tres provincias suman 6.79 millones de espectadores, un 65% del total de espectadores de las empresas discriminadas por la Sociedad de Andalucía.

Para las salas de cine afectadas, esta intrepidez atenta contra la albedrío de empresa, la pelotón de mercado, la defensa de la competencia y es completamente inconstitucional, ya que tanto la propia Constitución como la Justicia Constitucional, impiden que existan discriminaciones ligadas o vinculadas al domicilio fiscal.

Si la finalidad de las ayudas establecidas por la Sociedad de Andalucía es sostener la actividad cultural y templar los pertenencias tan negativos que la pandemia está dejando en un sector tan fundamental para la sociedad y tan táctico para la finanzas como es el sector cultural que se encuentra al borde de su supervivencia, es difícil entender que se impida el golpe a las ayudas a empresas que ejercen su actividad en comarca andaluz, generando empleo en Andalucía, en función de donde este erradicado su domicilio fiscal.

Por todo ello, las empresas afectadas, a través del expediente de apelación presentado delante la Consejería de Civilización y Patrimonio Histórico, solicitan de inmediato que se atienda el expediente por discriminación en el sentido de eliminar el requisito del domicilio fiscal para conseguir la ayuda y, la paralización del procedimiento auténtico que promete a los beneficiados inicialmente el reparto del remanente no repartido.

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