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Un juzgado de Madrid anula la sanción por afeitado a la ganadería de Miura en San Isidro 2018

Un curia de Madrid anula la punición por rapado a la manada de Miura en San Isidro 2018
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El Curia de lo Contencioso Burócrata número 4 de Madrid ha dictado una Sentencia, en aniversario 20 de octubre de 2020, por la cual declara no ser conforme a Derecho las resoluciones administrativas impugnadas que imponían una multa a los ganaderos Eduardo y Antonio Miura, anulándolas y dejándolas sin sorpresa. Los hechos se remontan al día 3 de junio de 2018 en la corrida de toros celebrada en la Plaza de Toros de Las Ventas, cuando tras la corrida el presidente del festejo mandó cursar para su prospección las astas del tercero toro, llamado «Tiznaolla», con el número 85 de la manada de Miura por sospecha de manipulación de sus astas. Tras el prospección llevado a lugar en los laboratorios del Profesión del Interior se propuso imponer punición a la mítica divisa, que al no estar en rotundo conforme contrató los servicios jurídicos del sabio Joaquín Moeckel, quien procedió a interponer la correspondiente demanda contra la Comunidad de Madrid.

Celebrado el motivo el pasado 7 de octubre, se ha dictado Sentencia por el magistrado Gómez Iglesias, quien en su fundamento legal VI indica:

«Según así se establece en el artículo 55.1 del Reglamento de Espectáculos Taurinos, el primer inspección que deben suceder las reses “versará sobre las defensas, trapío y utilidad para la tienta de las reses a luchar” y, según el artículo 56 del mismo Reglamento, el segundo inspección tiene por objeto “comprobar que las reses no han sufrido merma alguna en su aptitud para la tienta” (se entiende que desde la realización del precursor inspección).

En el presente caso, como ya se ha dicho antiguamente, el toro 85 de nombre “Tiznaolla” superó uno y otro reconocimientos, lo que sin duda constituye al menos un indicio de que cuando llegó a la plaza tenía sus defensas sin manipular, poco por otra parte perfectamente posible, puesto que la destreza ilegal del “rapado” se produce poco tiempo antiguamente de desarrollarse la tienta por resultar así más efectiva para la finalidad prohibida que con ella se persigue.

Es cierto que el artículo 47.2 del citado Reglamento atribuye expresamente a los ganaderos la responsabilidad de “consolidar al conocido la integridad de las reses de tienta frente a la manipulación fraudulenta de sus defensas”, pero esa responsabilidad no puede rebasar el ámbito de su esfera de concierto, para hacerles responsables objetivos, ahora frente a la Establecimiento, de esa manipulación, cuando ésta se produzca y se desconozca su autor o autores, porque en tal caso se lesionaría frontalmente su derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Buena prueba de ello la proporciona el precepto que se acaba de mencionar, donado que seguidamente añade que “a tal sorpresa dispondrán [los ganaderos] de las garantías de protección de su responsabilidad que establece el presente Reglamento” y tales “garantías”, en este caso, no parece que se hayan omitido (nadie se ha alegado en tal sentido por la Establecimiento demandada).

Por otra parte, igualmente establece el Reglamento, esta vez en su artículo 52, que desde que las reses lleguen a la plaza “el Delegado gubernamental adoptará las medidas necesarias para que las reses desembarcadas estén permanentemente bajo vigilancia hasta el momento de la tienta” (apdo 1) y que para ello “los Gobernadores civiles y los Alcaldes podrán disponer la colaboración de las Fuerzas de Policía a sus órdenes a fin de consolidar la correcta prestación de los servicios a que hace relato el apartado precursor” (apdo 2), lo quevendría a confirmar que a partir de aquel momento el vaquero deja de ser el responsable de la integridad de las reses, porque esa punto pasa a ostentarla la autoridad gubernativa.

En consecuencia, no constando en las actuaciones que integran el expediente funcionario ningún dato probatorio -ni siquiera indicio- del que deducir que el toro al calar a la plaza ya tenía sus cuernos manipulados, sino todo lo contrario, y no constando, siquiera, que luego y hasta antiguamente de la tienta la demandante participara de alguna modo en esa manipulación fraudulenta, el procedimiento debe ser estimado frente a la error de imputabilidad de la conducta infractora.

Y en su fundamento sucesivo expresa:

VII.- Los razonamientos expuestos en los apartados precedentes conducen, en definitiva, a la estimación del presente procedimiento contencioso-administrativo, en el sentido de determinar no ser conformes a Derecho las resoluciones administrativas impugnadas, anulándolas y dejándolas sin sorpresa, tal y como se pide en el “suplico” final de la demanda (art. 71.1 de la Ley reguladora de esta Potestad), sin que, por otra parte y finalmente, se aprecie en este caso la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 139.1 de la citada Ley reguladora (LRJCA), para efectuar un pronunciamiento de condena sobre las costas causadas en este proceso, al tratarse de un supuesto sometido a fundada controversia entre las partes, respecto de las cuestiones fácticas y jurídicas por ellas planteadas, como así ha quedado puesto de manifiesto en la fundamentación de esta resolución legal».

Este es el sentencia:

1º) Estimo el procedimiento contencioso funcionario interpuesto por la sociedad mercantil CALCAÑO, S.L. (Rebaño Miura) , contra resolución del Director Universal de Seguridad, Protección Civil y Formación de la COMUNIDAD DE MADRID de 8 de noviembre de 2019, desestimatoria del procedimiento funcionario de reposición interpuesto contra precursor resolución de 4 de septiembre de 2019, sobre punición administrativa (Expte.: 19T/011).

2º) Declaro no ser conformes a Derecho las resoluciones administrativas impugnadas, anulándolas y dejándolas sin sorpresa.

3º) Sin imposición de las costas causadas en este procedimiento.

Según se indica en una nota, el sabio Moeckel se congratula del éxito obtenido por sus clientes de la afamada manada Miura, y por otra parte pira la atención de los lógicos razonamientos que se dejan con claridad expresados en la Sentencia –que es firme-. Y afirma el sabio que no se puede imputar así por las buenas a unos ganaderos de hechos que de ningún modo se han probado hayan sido llevado a lugar por ellos. Queda a menos el buen nombre y prestigio de esta legendaria manada y se impone el Derecho sobre las conjeturas.

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