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Los retrasos en los cobros ponen en riesgo las cadenas de pagos

Los retrasos en los cobros ponen en aventura las cadenas de pagos
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Roberta Sebastiani/ Antonio Ramírez

La pandemia está incentivando el retraso en los cobros por parte de proveedores y amenaza con romper las cadenas de pagos. La tendencia, que ya venía siendo recto en los últimos abriles, pisó el acelerador con el confinamiento y ya iguala niveles del 2012, año en el que la media de plazo alcanzó los 93 días en el sector privado y superó los 140 en el divulgado, según datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

Así, un estudio llevado a término por Crédito y Caución (CyC) e Iberinform ha desvelado que, desde el mes de marzo, el 79% de las empresas españolas se vieron obligadas a aceptar pagos fuera del linde que marca la rectitud por temor a perder a sus clientes. Unos plazos de tardanza que, según la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, no pueden pasar los 30 días en el caso de las administraciones públicas y 60 en el de las empresas privadas.

De guisa desglosada, el mensaje revela que el 13% de las empresas declararon ocurrir tardado más de 90 días en cobrar sus moras y una de cada dos aseguraron sufrir retrasos en sus cobros superiores a 60 días.

El problema, asevera el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, Fernando Santiago, se encuentra en la «tendencia por parte de las grandes compañías y sector divulgado de financiarse a costa de retrasar pagos a los proveedores que suelen ser autónomos y pymes».

El presidente de la ATA, Lorenzo Sexo, igualmente reconoció esta cuestión y afirmó que aunque la crisis de la pandemia lo ha acelerado, «no es poco nuevo», mientras que el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, pide medidas para evitar la sujeción de impagos, por el añadido «de la finalización de los créditos ICO y la incertidumbre de la prorrogación de los ERTE».

Por su parte, CEOE, defiende que la moratoria de plazo estaba descendiendo ayer del Covid-19, pero la crisis que ha desatado «ha tensionado las deyección de solvencia de las empresas».

Retrasos intencionados

La inestabilidad de la situación y la desliz de un régimen sancionador a la morosidad son igualmente culpables de que el 52% de los encuestados en el estudio realizado por CyC hayan manifiesto que el motivo del retraso de plazo de los clientes fuese intencionado. Esta situación pone en aventura la solvencia ya comprometida de las pymes, que al contrario de la situación habitual se han manido ahora obligadas a retrasar los pagos -por la compleja situación de los pasivos en sus cuentas por las nuevas deudas adquiridas-, incluso con periodos de maduro tardanza que las grandes empresas.

La PMcM denunció que más de medio millón de compañías podrían resquebrajar por el retraso en los pagos de los proveedores y denunció la tardanza por parte de las administraciones como los ayuntamientos y los municipios, que deben 1.800 millonesa sus proveedores y doblan el tope legítimo de plazo.

«La filial tiene la obligación de enriquecer en 30 días, sin incautación, en el ámbito almacén se están incrementado los plazos de plazo, lo que es inadmisible, una vergüenza y encima no debería de poderse tolerar» denunció el presidente de PMcM, Antoni Cañete.

El pasado 22 de septiembre el Congreso aprobó por unanimidad avalar la proposición de ley de sanciones a la morosidad presentada por Junts per Catalunya, lo que supone poner en marcha un régimen sancionador. El funcionamiento de la misma generará «un punto de inflexión» para la capital del país.

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