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Libertad aplazada, ¿sentencia anunciada sobre Uribe?

Decisión aplazada, ¿sentencia anunciada sobre Uribe?
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Poly Martínez

El debate judicial parece ser otro de los deportes en los que los colombianos se esfuerzan, así no siempre se destaquen por sus argumentos: especialistas, abogados, magistrados, exfiscales y hasta legos en la materia. Nuevamente un caso tiene al país debatiendo intensamente.

Se negociación de la liberación o confirmación de apartamiento domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ya cumple tres meses de chiquero en su hacienda de El Ubérrimo y ahora tendrá que esperar hasta este sábado para conocer su suerte.

Doce horas de audiencia ayer jueves no fueron suficientes para puntualizar la situación del igualmente exsenador, cuyo proceso por soborno y fraude procesal se encuentra en un punto crucial: Clara Ximena Salcedo, la togado 30 de garantías –hoy el día el cargo menos apetecido en Colombia- debe puntualizar si tras el cambio de manos del proceso del expresidente, al producirse de la Corte Suprema a la Fiscalía y, en consecuencia, de la Ley 600 (el añoso sistema procesal) a la Ley 906 (sistema acusatorio totalmente diferente), la situación jurídica amerita o no apartamiento domiciliaria.

Aquí lo secreto, en sinceridad, es si la Fiscalía acoge todo el material probatorio recogido por la Corte Suprema bajo la Ley 600 y lo incorpora o si decide principiar de cero, que es exactamente a lo que le apuestan los abogados de Uribe Vélez pues dejaría engavetadas prácticamente todas las pruebas del caso, aunque su contraparte, el senador Iván Cepeda, ha argumentado que “se debe perseverar el estadio procesal ajustado por la Corte Suprema de Neutralidad”.

El fiscal encargado del caso, Gabriel Jaimes, igualmente se tomó su tiempo en la audiencia de ayer para dar las puntadas de lo que hará. Paradójicamente, el caso de Uribe Vélez –según el fiscal Jaimes- es similar al de «Jesús Santrich», el hoy prófugo excomandante de la grupo de las Farc y ahora dirigente del género disidente, cuyo caso pasó de la Corte a la Fiscalía pero allí no empezó de ceros, sino que trasteó igualmente todas las evidencias en su contra ya recolectadas.

De ser así, lo que alega la contraparte es que se debe perseverar la detención domiciliaria del expresidente pues «en el proceso la indagatoria y la medida de aseguramiento fueron proferidas por el togado natural, que era la Corte Suprema de Neutralidad, tienen presunción de moralidad y se dictaron aplicando las formalidades previstas en la ley». El argumento contrario señala que, a desliz de imputación de cargos – que no proceden en el sistema acusatorio- no corresponde la privación de la liberación y Uribe Vélez debe salir del chiquero. Entre los dos alegatos se encuentra el caldo de cultivo para especulaciones, teorías y derroche de argumentos políticos, más que jurídicos.

Pero, recordemos, ese no era el motivo de la audiencia, aunque sí lo fue para la defensa de Uribe Vélez y para el abogado del senador Iván Cepeda, quienes de banda y banda se empeñaron en trazar el preámbulo del enfrentamiento que se dará una vez resuelto el status del hoy preso 1087985. Amanecerá y veremos.

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