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Las razones detrás del rechazo a la subida de impuestos al diésel

Las razones detrás del rechazo a la subida de impuestos al diésel
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Javier TahiriJavier Tahiri

La equiparación progresiva del Impuesto a los Hidrocarburos sobre los vehículos de diésel frente a los de gasolina era uno de los grandes objetivos del Gobierno. El PSOE ya propuso esta medida en los Presupuestos de 2018, aún con Mariano Rajoy en el poder, y en el frustrado tesina de cuentas de 2019 la introdujo. Finalmente, la negociación con PNV parece que la ha apartado del tesina, aunque el partido nacionalista incluso anunció que había conseguido eliminar la subida hace tres semanas, lo que fue rechazado entonces por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, por lo que habrá que ver cómo evolucionan los pactos a uno y otro flanco del tablero político, si aceptablemente Ciudadanos incluso rechaza un incremento fiscal. Pero, ¿qué supone la medida?

¿Quién defiende subir impuestos al diésel?

La medida es una bandera del PSOE y, sobre todo, del Servicio para la Transición Ecológica y el Oposición Demográfico comandado por Teresa Ribera. Unidas Podemos no ve con buenos fanales este incremento fiscal, que tiene impacto sobre las rentas bajas y medias como alertó al Gobierno, sin referirse específicamente a esta figura, al impuesto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su documentación sobre España hace escasamente una semana. Una de las alternativas que ha barajado el Ejecutor en el pasado consiste en no incluir este incremento en los Presupuestos pero sí en alguna otra norma, como la de Cambio Climático y Transición Energética vía reparación.

¿Es un buen momento para subir el diésel?

Desde el Gobierno creen que hay que ir reduciendo progresivamente los incentivos fiscales al diésel en un momento en el que la movilidad se ha estrecho y el precio de los carburantes se ha abaratado, adecuado precisamente a la crisis. Sin retención, el propio FMI abunda que aquellas subidas fiscales que perjudiquen a las rentas bajas, es mejor postergarlas a cuando la situación económica haya mejorado.

«Medidas que tengan un sensación desproporcionado sobre las rentas bajas para elevar la cobranza de IVA o subir los impuestos medioambientales, deberían esperar hasta que la recuperación sea firme y venga acompañada de compra focalizado en proteger a los más vulnerables», recogía la institución. En el pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos no está la medida, lo que indica que para la formación morada no es una prioridad. El FMI y la Comisión Europea han reclamado en el pasado este tipo de incrementos fiscales adecuado a que nuestro país recauda un 1,8% del PIB en impuestos verdes, frente al 2,4% de media europea. Sin retención, el organismo con sede en Washington cree que es mejor aprobarlos en 2022 que en 2021.

¿Qué sensación recaudatorio tiene la medida?

Los Presupuestos prevén que los ingresos aumenten en 450 millones este año y 50 el posterior, 500 millones que, de prosperar la negativa del PNV, se restarían del tesina de Presupuestos. En dos semanas ya se han producido dos medidas que hacen menguar la cobranza prevista de las futuras cuentas. Estos menores ingresos se suman a los de la descenso del IVA a las mascarillas quirúrgicas, que según Hacienda supondrá entre 350 y 850 millones menos para las arcas públicas, según mejore o no la situación epidemiológica en función de si llega la ansiada vacuna.

En este caso, Montero rechazó tener que ajustar más el compra en 2021 para compensar esta pequeño cobranza, en sus palabras, «porque el cálculo de la previsión económica se ha hecho con todos esos esfuerzos». Precisamente, la subida al diésel era de las que menos incertidumbre tenían para organismos y casas de descomposición, frente a las estimaciones de ingresos de la tasa Google o la tasa Tobin, sobre las que la Comisión Europea ya manifestó sus dudas.

¿Cuál es el impacto sobre el saquillo?

La subida suponía 3,8 céntimos más por litro, de forma que el tipo estatal pasaba de los 30,7 céntimos a los 34,5 céntimos. El tipo sobre la gasolina seguiría siendo más parada, de 40,07 céntimos en la contemporaneidad, pero la distancia entre los dos carburantes sería pequeño. Hacienda calcula que un adjudicatario medio tendría que retribuir 3,45 euros más al mes y unos 38 euros adicionales al año por la medida.

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