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La subida del IVA a las bebidas azucaradas destruirá hasta 6.150 empleos

La subida del IVA a las bebidas azucaradas destruirá hasta 6.150 empleos
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Jorge AguilarJorge Aguilar

La subida del 10 al 21% IVA que pretende aguantar a límite el Gobierno a las bebidas azucaradas y edulcoradas, como así lo expuso en el plan presupuestario enviado a Bruselas, tendrían una meta pesimista en las ventas de toda la sujeción agroalimentaria, así como a su ayuda del Valencia Añadido Bruto (VAB) y el empleo. Según un referencia detallado por la consultora PWC se destruirían hasta 6.165 puestos de trabajo, mientras que la facturación directa se reduciría en 370 millones de euros, con una gran incidencia en el canal de la distribución. El impacto en el VAB sería de hasta 344 millones de euros, siendo el sector agrícola y la industria agroalimentaria los más perjudicados. «Habría una caída de la demanda y de la sujeción de valía», ha explicado Anna Merino, directora estratégica de PWC.

El Gobierno pretende cobrar hasta 400 millones de euros con esta subida impositiva, aunque desde el Ejecutor se recalca que la intención no es otra que resumir el consumo de azúcar en la población y promover hábitos más saludables en la misma para resumir la obesidad. Sin retención, el referencia de PWC señala que «la evidencia científica basada en la experiencia de países que han implementado impuestos a alimentos y bebidas con el objetivo de mejorar la salubridad demuestra que la política fiscal utilizada para resolver el problema de la obesidad es limitada, inconcluyente e incluso lo han eliminado por los mercancía negativos que tiene sobre la actividad económica, el empleo o la equidad».

Encima, muestra que en Francia y México, donde impusieron este impuesto hace unos primaveras, los resultados no han sido los esperados. Mientras que países como Dinamarca o Eslovenia lo han terminado suprimiendo. Encima, en España este impuesto ya lleva establecido en Cataluña desde hace primaveras, aunque por tramos según la cantidad del azúcar. Aun así, desde el sector se recuerda que en la región ha tenido un meta ineficaz en la cobranza y en los hábitos de consumo.

Las empresas de la sujeción de valía de la sujeción agroalimentaria critican que la medida es puramente recaudatoria e insisten en que para cambiar los hábitos de consumo de una sociedad hay otras vías mejores. «Es un impuesto injusto, recesivo, que llegaría el aumento de la fiscalidad en el peor momento para la ciudadanía y las empresas. Otros países no han conseguido los mercancía perseguidos y sí ha perjudicado la crematística. La efectividad de un impuesto no se mide por la cobranza, sino por su competencia de reducción de la obesidad», ha incidido José María Bonmatí, director caudillo de la Asociación de Empresas del Gran Consumo Aecoc.

Por su parte, Mauricio García de Quevedo, director caudillo de la Tratado Española de Industrias de Víveres y Bebidas (FIAB) ha pedido sensibilidad al Gobierno y a los representantes políticos con la situación de crisis que vive el sector. Hay que memorar que la industria alimentaria calcula que se cierren unas 850 empresas este año por la crisis sanitaria, mientras que los cierres en la hostelería llegan a los 90.000 negocios. «Las medidas fiscales tendrán que venir cuando la reactivación económica esté en marcha», ha señalado.

Por su parte, la secretaria caudillo de Marcas de Restauración, Paula Nevado, ha recalcacado el impacto que tendra esta medida en el consumo, sobre todo de la hostelería. «La incidencia en el consumo en negativa. Vemos como otros países que bajan el IVA y anuncian bonos para incentivar el consumo y aquí nos encontramos lo contrario».

Incidencia en las rentas más bajas

Otra de las partes negativas de la subida impositiva es que recaería sobre todo en las rentas más bajas de la sociedad. Así, el referencia señala que los hogares con el nivel socioeconómico más bajo, cerca de 4,7 millones, y que suponen el 17% de la renta doméstico, acabarían soportando el 22% de la cobranza del impuesto. «Los impuestos ad valorem, que se fijan en función del precio del producto, como el IVA y los impuestos unitarios, son muy regresivos, ya que no tienen en cuenta la renta de los hogares: por cada pelotón de producto comprado, pagan lo mismo las rentas más altas que las más bajas», señala.

Los municipios más afectados por esta medida serían los más pequeños, generalmente con un entorno rural y una renta más víctima. Por eso, la subida impositiva, según apuntan desde PWC, terminaría aumentando aún más la despoblación y la desiguladad de riqueza y empleo. En ese sentido, el presidente de Asaja, Pedro Rebajado, ha mostrado su preocupación por cómo puede afectar a comunidades como Castilla y Arrogante, cuya producción de remolacha es considerable.

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