Finanzas

¿En qué consiste el decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos que ha tumbado el Congreso?

¿En qué consiste el decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos que ha tumbado el Congreso?
#qué #consiste #decreto #sobre #los #remanentes #los #ayuntamientos #tumbado #Congreso

TechnoMiz

El Congreso ha votado en la sesión plenaria de este jueves la derogación del Existente Decreto-Ley que incluye el acuerdo de Hacienda y la Convenio Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión voluntaria de los remanentes municipales al Estado.

Para entender lo que está ocurriendo, y las reacciones que está provocando esta propuesta, es necesario dejar claros los siguientes conceptos.

¿Qué son los remanentes (ahorros municipales)?

Según el Portal de Rendición de Cuentas, iniciativa liderada por el Tribunal de Cuentas, el remanente de gestión refleja la situación de solvencia de la entidad al pestillo del entrenamiento, que se encuentra acondicionado para financiar gastos, resultando un indicador muy importante para valorar la solvencia financiera a corto plazo de la entidad regional.

El remanente se obtiene como suma de los fondos líquidos (el mosca que hay en caja y en los bancos) más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de plazo y agregando las partidas pendientes de aplicación.

En otras palabras, el remanente es el conjunto de todos los ahorros acumulados de abriles pasados que incluyen los superávits (situación en la que una entidad tiene más ingresos que gastos a lo espléndido de un año) que no se han deteriorado y que reflejan su situación financiera si, a 31 de diciembre, tuviese que acreditar todas sus deudas con sus bienes a corto plazo.

Cuando el remanente de gestión presenta títulos negativos, nos indica que la entidad regional tendrá que obtener mayores bienes futuros para atender el exceso de gastos, es sostener, la entidad es incapaz de afrontar sus deudas al finalizar el entrenamiento en el que se encuentra. Esta insolvencia a corto plazo surge porque a lo espléndido del entrenamiento ha habido más gastos que ingresos, sin que los bienes líquidos sean suficientes.

De este modo, y según reza el portal, la solvencia financiera a espléndido plazo de una entidad regional estará en dificultades si el remanente de gestión ofrece saldos anuales negativos de modo recurrente.

¿Qué dice la ley en la hogaño?

Para entender lo que está ocurriendo hay que remontarse algunos abriles antes y cuchichear sobre la conocida como «Ley Montoro» (Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).

La estabilidad presupuestaria es la pauta que fija que las administraciones públicas deben cerrar en invariabilidad sus finanzas a lo espléndido de un período de tiempo, sea un año o más, pudiendo incurrir en superávit pero nunca en debe (situación en la que una entidad, en este caso los ayuntamientos, tiene más gastos que ingresos en un año).

Según lo establecido por el Artículo 12 de esta Ley de Orgánica, regla de consumición, un consistorio no puede comprar más de una cantidad concreta con respecto al año antedicho que viene ya marcada por la «tasa de remisión de crecimiento del PIB de medio plazo de la finanzas española». ¿Qué significa esto? Significa que, en este el supuesto contemporáneo, en el que este número alcanzó del 2,9% el año pasado en nuestro país, si en 2019 un consistorio gastó 200 millones de euros, en 2020 no puede comprar más de 102,9 millones.

De esta guisa, en la hogaño los ayuntamientos no pueden comprar los remanentes que tienen acumulados y solo disponen de la opción de destinarlos a redimir deuda o a depósitos bancarios, siempre que no se incurra en debe.

¿Qué proponía la ley nueva?

En caso de ser convalidada, la ley nueva proponía que Hacienda transferiría hasta 5.000 millones de euros a los ayuntamientos con remanentes de gestión que participaran de forma voluntaria en el préstamo al Estado para que los destinaran a determinados asuntos, como movilidad o civilización.

Asimismo, la norma contemplaba que el Estado devolvería a los municipios el valía íntegro del préstamo en los próximos 10 abriles a contar desde 2022, aunque el plazo podría prorrogarse hasta los 15 abriles.

El acuerdo asimismo incluía la no aplicación de la regla de consumición, por lo que en 2020 las entidades locales no estarían tan limitadas para comprar su presupuesto de este año.

Una vez conocido el prominencia del préstamo, el Estado realizaría un ingreso no financiero a las entidades locales participantes en el mismo. El valía del ingreso supondría para cada municipio, como leve, el 35% de los fondos aportados al préstamo y se incrementaría hasta totalizar 5.000 millones de euros entre todos los ayuntamientos que formaran parte de él.

Adicionalmente, el Estado transferiría a las entidades locales que hubieran colaborado un mayor de 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021. Según señaló el Gobierno, el mosca se liberaría en dos abriles para atender la petición de la FEMP de dar a los ayuntamientos un plazo suficiente para ejecutar los 5.000 millones.

Por otro costado, el Empleo de Hacienda asimismo comunicó que las corporaciones locales que participaran en el fondo se beneficiarían de un tipo de interés efectivo del 0% y podrían ahorrarse hasta 70 millones de euros anuales de intereses que hoy están pagando por tener sus remanentes en las entidades financieras.

¿Quiénes son los alcaldes que se han sublevado?

En la hogaño, son más de 30 los ayuntamientos se han eminente delante el Empleo de Hacienda para protestar una alternativa que les posibilite comprar su superávit y remanentes.

El pasado mes de agosto, el corregidor de Zaragoza, Jorge Azcón Navarro (PP), convocó una reunión telemática para analizar el acuerdo en la que participaron los más dispares ediles de ayuntamientos españoles para rubricar un manifiesto contra el acuerdo de remanentes.

Así, el regidor de Bilbao, Juan María Aburto (PNV); el de Cádiz, José María González «Kichi» (Delante Cádiz); el de Explosivo, Luis Salvador (Ciudadanos); el de Lérida, Miquel Pueyo (ERC); el de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP); el de Murcia, José Ballesta (PP); el de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (PP); el de Reus, Carles Pellicer (CDC); el de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza (Agrupación Tinerfeña) y el corregidor de Zaragoza, Jorge Azcón (PP) solicitaronque el Gobierno permita a los consistorios disponer íntegramente de sus ahorros «en cuestiones que no están incluidas internamente del decreto».

No son los únicos en revelarse contra la nueva ley. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, manifestó públicamente que la medida le parecía «sencillamente inaceptable».

Adicionalmente, varios ediles socialistas han mostrado abiertamente su rechazo contra un plan que, como ha sostenido el regidor de San Sebastián de los Reyes, Atildado Romero, es «lesivo» para los vecinos.

Manuel Rando, presidente de la Diputación de Teruel, y Vicente Grimalt, corregidor de Dénia, son otros de los nombres que se han descolgado del acuerdo pues, de una u otra guisa, uno y otro consideran que «no es el momento».

Ver los
comentarios

#qué #consiste #decreto #sobre #los #remanentes #los #ayuntamientos #tumbado #Congreso

Leave a Comment