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El Supremo confirma siete años de cárcel para Teresa Rivero por el fraude fiscal del Rayo

El Supremo confirma siete abriles de gayola para Teresa Rivero por el fraude fiscal del Chispa
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 7 abriles de prisión que la Audiencia de Madrid impuso en julio de 2018 a la expresidenta del Chispa Vallecano Teresa Rivero por defraudar a Hacienda un total de 8,4 millones de euros en los ejercicios de 2009 y 2010.

El stop tribunal condena a la misma pena al exapoderado del club Jesús Fraile por los mismos cuatro delitos contra la Hacienda Pública en relación al IVA y el IRPF de la entidad. Asimismo, reducción la multa e indemnización que debe afrontar el Chispa Vallecano aunque mantiene su responsabilidad subsidiaria por el valor de cuatro millones de euros.

La Sala ha desestimado íntegramente los fortuna que han interpuesto Rivero y Fraile, que son condenados a dos abriles de prisión por cada uno de los dos delitos relativos a IRPF de 2009 y 2010, y a otros dos abriles de gayola por el relacionado con el IVA de 2009, más un año de prisión por el IVA de 2010.

Por otra parte, aprobar la pena de multa para cada uno de los acusados por un total de 16,4 millones de euros y la indemnización conjunta a Hacienda en la cantidad defraudada.

Los magistrados sí han estimado parcialmente el memorial del club Chispa Vallecano, a quien la Audiencia de Madrid condenó como persona jurídica responsable de dos delitos contra la Hacienda Pública, uno en relación con el IRPF del adiestramiento 2010 y otro con el IVA del mismo adiestramiento.

Así, condenó, en el primer caso, al cuota de una multa de un millón de euros, y en el segundo, al cuota de otra multa por valor de 97.276 euros. Igualmente fue condenado a indemnizar conjuntamente con Rivero y Fraile a Hacienda por 4 millones de euros por el IRPF de 2010, y con 389.000 euros por el IVA del mismo adiestramiento.

El Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo de Porres, da la razón en parte al Chispa Vallecano al destacar que no era procedente exigir responsabilidad penal a la entidad por los hechos ocurridos ayer de la entrada en vigor de la ley orgánica que estableció dicha responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que tuvo circunstancia el 23 de diciembre de 2010.

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