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El Gobierno analiza con entidades, supervisores y Bruselas extender los plazos en los avales del ICO

El Gobierno analiza con entidades, supervisores y Bruselas extender los plazos en los avales del ICO
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SERVIMEDIA

El Gobierno analiza con entidades financieras, empresas y supervisores una potencial extensión en los plazos de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedidos con periodos de amortización de hasta cinco primaveras, a fin de dar ganancia a compañías viables, pero con problemas de solvencia.

En las conversaciones estarían involucradas las patronales bancarias AEB y CECA y la empresarial CEOE con el servicio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en interlocución adicionalmente con el Costado de España, Bruselas y hasta, potencialmente, asimismo la autoridad bancaria europea EBA, según detallan a Servimedia fuentes financieras.

El vencimiento temprano de algunas operaciones ya en el 2021 sin que se haya restablecido la normalidad en las actividades económicas por delito de los brotes de la pandemia es una amenaza a triple cuadrilla: la patronal empresarial búsqueda evitar serias dificultades e, incluso, quiebras de compañías con negocios viables por errata de solvencia, que ocasionarían impagos a la banca con un coste para el Fisco, al estar las operaciones avaladas por el ICO.

En la columna de avales por valía de 100.000 millones de euros que aprobó el Gobierno con un plazo de amortización de hasta cinco primaveras el ICO se hace cargo, de hecho, de hasta el 80% del aventura cuando la financiación sea para pymes y autónomos, y del 70% en las grandes compañías. Su fianza es igual en la columna posterior de 40.000 millones puesta en marcha con plazos de amortización de hasta ocho primaveras, pero más dirigida a proyectos de inversión.

Las fuentes financieras consultadas indican que algunas operaciones empezarán a vencer ya en el primer trimestre del próximo año y se barajan fórmulas para prorrogar vencimientos a operaciones ya concedidas, con la complejidad que eso fondo. La dificultad es mucho más que burocrática o de cambio de pacto, ya que implicaría una reestructuración de deuda o refinanciación con el consiguiente requerimiento de provisiones que dichas operaciones entrañan.

Cuando se otorgaron las primeras operaciones, en los meses de marzo o abril, “no había visibilidad” y confiaba que la actividad “remontaría” en el verano o tras él, explican las mismas fuentes para explicar los plazos ajustados de algunas concesiones.

Una extensión obliga adicionalmente a resolverla con la Unión Europea, ya que el acuerdo entorno con que el Gobierno lanzó el software primero del ICO fijaba los cinco primaveras como plazo tope, y se precisa el gastado bueno de Bruselas para que un cambio en el software como puede ser una potencial ampliación no sea considerada ayuda de Estado.

Contactos con la EBA

Las fuentes consultadas indican que se baraja la oportunidad de realizar un eventual alargamiento de forma selectiva, para industrias, empresas o sectores con potencial de recuperación cuando las restricciones sanitarias permitan retornar la actividad natural.

Las mismas fuentes enmarcan adicionalmente estos prospección cercano a los contactos con la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que recientemente decidió retirar la flexibilidad contable que ha permitido a la banca otorgar moratorias crediticias hasta el pasado 30 de septiembre sin sufrir penalizaciones en provisiones y haber.

La EBA permitió dichas moratorias sin tener que acumular las huchas de dotaciones exigidas regulatoriamente en operaciones así y mantendrá esta facilidad para operaciones otorgadas hasta el pasado día 30, pero decidió no mantenerla para las que pudiesen otorgarse luego.

En la experiencia dicha medida supone que partir de octubre, los clientes que impaguen su crédito tienen que ser considerados morosos, obligando a la banca a efectuar las correspondientes provisiones.

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