Finanzas

El Congreso da luz verde a ligar las pensiones al IPC y penalizar la jubilación anticipada

El Congreso da luz verde a asociarse las pensiones al IPC y penalizar la compensación anticipada
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María CuestaMaría Cuesta

Pistoletazo de salida para la próxima reforma del sistema de pensiones. Cuatro primaveras y dos legislaturas luego de iniciar sus trabajos, el Pacto de Toledo ha conocido hoy revalidadas por el Pleno del Congreso las recomendaciones que sustentarán los cambios legales necesarios para certificar la sostenibilidad del sistema. El apoyo de la Cámara ha sido generalizado: se han sumado a él todos los grupos y solo han votado en contra los dos diputados anticapitalistas de la CUP, mientras que Vox, ERC, EH Bildu, Foro Asturias y el BNG han decidido desentenderse. Más allá de la signo pequeña del texto, la relevancia del acuerdo está en la unanimidad y el consenso acabado en torno a una reforma esencia y que Bruselas sigue de cerca.

El Pleno ha rechazado los 19 votos particulares que habían presentado las formaciones políticas, en su mayoría por parte de ERC y Bildu. Así, el texto se aprueba sin modificaciones con respecto al documento que alumbró la comisión. Poner en marcha un plan de saneamiento de las cuentas -que incluye que el Estado aporte más fondos para sufragar las pensiones y se separen las fuentes de financiación eliminando los gastos que no sean directamente relacionados con las jubilaciones-, recuperar el IPC como relato para las revalorizaciones anuales, sustentar la ampliación propuesta en 2011 del número de primaveras cotizados necesarios para calcular la pensión (hasta 25 en 2022), y valorar la posibilidad de designar los mejores primaveras de la carrera son algunas de las propuestas del documento.

La error de avidez de las medidas ha centrado las críticas del mundo crematístico. Frente a la indexación con el IPC, una medida fuertemente criticada por los organismos internacionales por sus consecuencias sobre la sostenibilidad del sistema, el Pacto de Toledo sí que apremia al Ejecutor a incentivar la perspectiva de la años efectivo de compensación y la lícito y marca un plazo de tres meses para que se compensen los coeficientes reductores de las prejubilaciones. Se plantea analizar las prejubilaciones que se están produciendo actualmente y se da al Gobierno un plazo mayor de tres meses para proyectar soluciones en aquellos casos de compensación anticipada en los que haya inequidad. Igualmente se ardor a incentivar los planes de pensiones de empresa frente a los individuales y a certificar las prestaciones de viudez a las parejas sin vínculos matrimoniales.

Respecto a los autónomos, se plantea que en el diálogo social se defina el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, en lo que ya está trabajando el Gobierno. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno. El documento con las recomendaciones deben concretarse ahora en cambios legales que cocinará el tarea de Seguridad Social y que deberán ser consensuados con los agentes en la mesa del diálogo social. Precisamente el presidente de la CEOE, Antonio Garamandi, ha dicho hoy que el documento del Pacto es «una testimonio de intenciones» y que ahora viene el diálogo social, que será donde los empresarios y los sindicatos hablen «de cómo se hace».

Qué se ha rechazado: reforma profesional, incentivos…

El documento ratificado hoy no ha sido modificado al haberse rechazado todos los votos particulares presentados. En total, habían registrado voto particular el PP, Esquerra Republicana, Ciudadanos, EH Bildu, Más País-Equo, Compromís y el BNG que solicitaban matizaciones, en algunos casos, y cambios radicales, en otros, que finalmente no serán tenidos en cuenta.

El PP planteó recuperar las deducciones fiscales de las que disfrutaban los planes privados de pensiones hasta que esté activo el «súper fondo» colectivo planteado por Escrivá. Encima, los populares reclamaban suprimir la crítica recogida en el texto a la trámite de planes privados de pensiones y que reclama más transparencia.

Ciudadanos pedía en sus dos votos incluir más incentivos a la compensación activa y rematar con la penalización sobre la pensión. Eludiendo la mención a la «mochila austriaca», la formación naranja sí que pedía que se compatibilizara un maniquí de aportaciones que se fueran acumulando durante la vida profesional y que podrían ser rescatadas en caso de desempleo o como complemento de la compensación.

Los planteamientos más rupturistas han llegado de la mano de ERC y Bildu que han vuelto a demandar la derogación de la reforma profesional y de pensiones, eliminar los sistemas complementarios, que la relato para calcular las pensiones mínimas sea el 90% del salario intrascendente, que la compensación más allá de los 65 primaveras sea siempre de carácter voluntario y el «destope» de la saco máxima de cotización. Encima, han reclamado que se calcule la saco reguladora de la pensión con los 20 mejores primaveras cotizados, punto que el documento sólo se limita a proponer que sea estudiado, y la condonación por el Estado de la deuda contraída por Seguridad Social en contrapestación por los gastos impropios asumidos por esta en los últimos primaveras.

Por su parte, Más País y Compromís quería una redacción más clara respecto a la exterminio de las penalizaciones a los jubilados anticipadamente que acumulan carreras de cotización de más de 40 primaveras y que pasaba por fijar una nueva pensión en función de su saco contributiva y el número de primaveras cotizados. Además el BNG había pedido la revés a los 65 primaveras como años lícito de compensación, que la pensión mínima fuera del 60% del salario medio, cálculo de la pensión en saco a los mejores diez primaveras de cotización y el «destope de las bases máximas».

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