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Condenan a 131 controladoresa multas de hasta 31.500 euros por el cierre del espacio aéreo en 2010

Condenan a 131 controladoresa multas de hasta 31.500 euros por el falleba del espacio delicado en 2010
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Isabel VegaIsabel Vega

La macrocausa por el falleba del espacio delicado que puso en peligro a España en el año 2010 tiene ya su primera sentencia, si acertadamente no es firme y cerca de petición. La magistrada titular del Curia de lo Penal nº 18 de Madrid ha condenado a 131 controladores de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de Torrejón como responsables en concepto de autores de un delito de desgobierno de servicio manifiesto y les impone multas de 15.000 a 31.500 euros, al tiempo que fija la responsabilidad civil en 13 millones que deberán abonar a los perjudicados solidariamente con Enaire (ayer AENA).

Concluye que los acusados buscaban «provocar el mayor estruendo» con una «energía concertada destinada a la paralización del tráfico delicado para conseguir obtener el pulso que echaban al gobierno» en ciernes de una regulación de sus condiciones laborales, «al provocar el mayor daño tanto financiero contra la empresa como eficaz contra los intereses de la ciudadanía».

La magistrada da por probado que «en el puente de diciembre del año 2010, los controladores de tránsito delicado acusados en este procedimiento adoptaron un mecanismo de presión gremial consistente en ceder sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando, de esta forma, el tráfico delicado y ello bajo la dirección de los miembros de la Congregación directiva y delegados sindicales del sindicato Usca».

En total, de los 133 acusados que declararon en el prudencia, 119 reconocieron suceder participado en los hechos en los términos en que los describía la Fiscalía, es sostener, una energía concertada y colectiva a fin de «profesar presión sobre AENA y el Gobierno de España» por la que «llegaron a un acuerdo» para presentar todos declaraciones juradas excusando su presencia en el puesto de trabajo a partir de la tarde del 3 de diciembre.

«Así, entre las 17,00 horas y las 17,15 horas (hora tópico), la totalidad de los controladores, en una energía colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al beneficio de cualquier negociación colectiva u otra vía procesal, presentaron delante el responsable de la sala dicho documento, escrito de su puño y composición, en el que cada uno a su modo, alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de regulador delicado«, relata la sentencia. En una situación así, la ley marca que Aena tiene que sustituir inmediatamente al regulador, pero eran todos.

Aunque el resto de los controladores no reconocieron los hechos, la sentencia da por acreditado a partir de la praxis de prueba y los testigos que «se concertaron con la finalidad de interrumpir el tráfico delicado» con el objetivo de profesar «presión gremial cerca de AENA«.

«Su objetivo consistía en paralizar el tráfico delicado, objetivo que consiguieron, en unas fechas en las que iba a suceder mucho movimiento de pasajeros, pues se trataba del puente más derrochador del año, el puente de diciembre del año 2010, al proceder a decretarse el Rate 0, tal y como se pudo escuchar en las grabaciones de las conversaciones mantenidas por los acusados», detalla.

Era encima, una «presión al gobierno para que no se aprobara el Existente Decreto que finalmente se publicó a las 21:26 horas, del día 3 de diciembre de 2010». Esa norma era el culmen de la actividad legislativa para regular la punto profesional de los controladores y »provocó una gran chasco y disgusto en el colectivo«, según detalla la mediador, »así como el enfado de los mismos contra Aena y el Tarea de Fomento«.

Un daño al turismo de Madrid

«Correctamente es cierto que comparecieron muchos testigos, controladores de tránsito delicado –se recoge en la sentencia-, quienes declararon en valía de los acusados«, concede la mediador, que aprecia no obstante »equivocación de precisión y de contundencia, así como su doble sentido al relatar los hechos».

En cuanto al resto de la prueba y en concreto, a las grabaciones efectuadas, la mediador destaca que «revelan el carácter premeditado y organizado de la protesta sindical desplegada por los acusados; una energía conjunta consistente en ceder los puestos de trabajo a través, inicialmente, de la presentación de los formularios de discapacidad, con la finalidad evidente de cerrar el espacio delicado en España y de esta forma obtener el pulso al gobierno».

«La función de los acusados no solo afectó a los ciudadanos que no pudieron delirar el puente de diciembre del 2010, sino que incluso se derivaron graves consecuencias económicas para el turismo de la comunidad de Madrid, en uno de los puentes del año con longevo afluencia de viajeros en la ciudad, aunque en el capítulo indemnizatorio no se reclama cantidad alguna por este concepto, a pesar de que fueron numerosas las cancelaciones de reservas de hotel, derivadas de la función de los controladores civiles», añade la sentencia.

Dos absoluciones

La sentencia absuelve a dos de los acusados, uno de los cuales acreditó que su marcha aquellos días sí obedeció a una razón clínica. El segundo es César Lengua, portavoz de los controladores y que no ha sido condenado porque se «cuenta con escasa prueba que permita deducir que incitara al colectivo de controladores civiles de tránsito delicado a ceder sus puestos de trabajo».

En el prudencia negó suceder promovido, organizado, ni incitado el desgobierno colectivo de sus puestos de trabajo por los controladores civiles de tránsito delicado, pues entre otras cosas, manifestó que se hallaba en Asia en esas fechas.

Igualmente, negó suceder acudido a las asambleas convocadas tanto en el centro de control de Torrejón, como en el hotel Auditórium, repitiendo que no formaba parte del comité ejecutante de USCA, ni utilizó sus horas sindicales en el puente de diciembre de 2010, pues estaba de asueto.

En la sentencia, la magistrada muestra su extrañeza tras comprobar que, «pese a la monumental prueba practicada a lo derrochador de tantos meses de celebración de la presencia, se haya realizado tan escasa mención a quien, según las acusaciones, figuraba como principal dirigente de la protesta sindical«.

«Ni una pregunta –dice la sentencia- se formuló a los distintos testigos para acreditar la billete activa y eficaz del citado acentuado, en los hechos enjuiciados. Sólo al final del plenario, coincidiendo con el visionado de los programas emitidos por televisión, es cuando de nuevo aparece el acentuado como portavoz del sindicato explicando la posición de los controladores civiles en el conflicto que mantenían con Aena y el Gobierno, lo que ocurrió con posterioridad a los hechos enjuiciados», relata.

En este sentido, incide en que «no ha quedado acreditado a lo derrochador del plenario que el acentuado fuera inductor del proceso de movilización llevado a término por los controladores civiles de tránsito delicado, y les diera las pautas para que, con momento 3 de diciembre de 2010, presentaran los formularios de discapacidad a que se ha hecho narración a lo derrochador de esta sentencia, de consuno, con la finalidad de paralizar el espacio delicado gachupin».

«De nuevo –refiere la magistrada-, debemos hacer narración al ámbito del derecho penal en el que nos encontramos, e invocar los principios de presunción de inocencia y del principio ‘in dubio pro reo’, y existiendo una clara duda sobre la verdadera intervención del acentuado en los hechos enjuiciados, tal y como se describen por las acusaciones, la consecuencia necesaria es que deba dictarse una sentencia en la que se absuelve a César Á. C. del delito por el que compareció en el plenario».

De siete a cinco meses de multa diaria

En concreto, en un falta notificado este jueves, la instructora condena a media docena de los procesados a siete meses de multa con cuota diaria de 150 euros; otra media docena, a siete meses de multa de 100 euros diarios y seis más, a diez meses abonando cien euros al día. El resto de los acusados ha sido condenado a cinco meses de multa, a razón de 100 euros diarios.

Asimismo, se condena a los acusados a abonar a los perjudicados, de forma conjunta y solidaria, conexo con la entidad pública ENAIRE (ayer AENA) como responsable civil subsidiaria a la cantidad de 13.076.981,62 de euros.

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