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Clamor contra el reingreso de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Clamor contra el reingreso de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
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Susana GaviñaSusana Gaviña

Ser miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas implica «ser responsable de promover el respeto universal por la proteccIón de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una guisa certamen y equitativa». Este es el principio fundacional contemplado en la resolución 60/251, del 15 de marzo de 2006, sobre el que fue creado el Consejo de Derechos Humanos, que actualmente está conformado por 47 países (ocho de ellos de América Latina y Caribe). Sin confiscación, está premisa está muy allá de ser cumplida por algunos de los Estados miembros, como es el caso de Venezuela, que ingresó el pasado año en CDH. Hace tan solo unas semanas, un mensaje realizado por una empresa de la ONU acusaba al régimen de Nicolás Prudente de cometer crímenes de lesa humanidad.

Adentro de unas horas se volverá a sumar a este club de supuestos vigilantes de los derechos humanos otro país muy cuestionado, Cuba. Lo hará tras la votación (directa y secreta), a la que se presentan 15 países para las distintas regiones, que previsiblemente dará luz verde a su reincorporación, pues obtendrá los votos necesarios en presencia de la yerro de competencia. Parece irrelevante si los Estados que voten este martes lo hacen en coherencia con lo que dispone la resolución 60/251, que señala que al designar a sus miembros se deberá tomar en cuenta «la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto». Una vez elegidos, los Estados deberán por otra parte aplicar las normas «más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y estarán sujetos al mecanismo de examen boletín universal durante el período en que sean miembros», según dicta la misma resolución. Papel mojado para algunos Estados.

El reingreso de Cuba, que ha sido miembro del CDH durante cuatro periodos (de tres primaveras cada uno) desde su fundación, ha suscitado durante los últimos meses y semanas un clamoroso rechazo por parte de organizaciones cubanas disidentes y organismos internacionales defensores de los derechos humanos, así como líderes políticos y sociales, que han calificado de «vergonzoso» e «inconcebible» que Cuba vuelva a engrosar la nómina de países miembros durante el periodo 2021-2023.

Criminalización de los derechos

El pasado mes de septiembre, numerosas personalidades de América Latina, entre ellas, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla; el exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez; y varios ministros se adscribían a una afirmación realizada por el Centro para la Transigencia y el Avance de América Latina (CADAL), una fundación sin talante de provecho argentina. En el texto, mostraban su rechazo a la nueva candidatura de Cuba «porque no es representativa de las aspiraciones democráticas y el compromiso internacional con los derechos humanos de la región», explicó CADAL a través de un comunicado.

Entre los argumentos expuestos en la afirmación de esta fundación, se señala que Cuba es el único país de América Latina «que no ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales»; así como que está documentada su yerro de compromiso con el sistema universal de DD.HH, «habiendo adoptivo un régimen de partido único, que desde 2019 adquiere rango constitucional». A esto se suma la abandono de señales de reforma de una política de estado «que criminaliza los derechos a la confianza de asociación, reunión, prensa, expresión y décimo política». Todo ello lleva a los firmantes a expresar su «rechazo a la nueva candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU».

Según las últimas cifras de la ONG Prisoners Defenders, en la contemporaneidad habría 138 presos políticos en Cuba; mientras 247 cubanos estarían «regulados» (con la prohibición de desplazarse fuera de la isla) por razones políticas o religiosas, según el Instituto Patmos. La detenciones arbitrarias, con resolución que van de unas pocas horas hasta las 72 horas, se han convertido en una habilidad sistemática del régimen para excoriar a la disidencia y enmudecer sus denuncias interiormente y fuera de la isla (este año el contrincante Guillermo Fariñas, premio Sájarov no pudo venir al Parlamento Europeo). En los casos con longevo repercusión internacional, como sucede con otro de sus líderes, José Daniel Ferrer, la Seguridad del Estado ha fabricado pruebas y forzado testimonios para sostener delitos falsos que mantegan a las principales voces de la examen incomunicados durante semanas y encarcelados durante meses.

José Daniel, tras su excarcelación después de 6 meses en prisión
José Daniel, tras su excarcelación a posteriori de 6 meses en prisión

Tratados internacionales sin ratificar

Un día a posteriori de hacerse pública esta afirmación, otra ONG, el Observatorio Cubano de DD.HH. (OCDH), con sede en Madrid, remitía un documento a la Suscripción Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que calificaba de «inconcebible» que Cuba se postule al CDH «sin ratificar o respetar al menos 16 tratados internacionales», entre ellos, la Convención contra la Tortura, la Convención contra las desapariciones forzadas, la Convención sobre la discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Gurí o la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. «En consecuencia, el país no se encuentra comprometido a cooperar con la Oficina del Detención Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), o cualquier otro organismo de Naciones Unidas», señala el OCDH.

La ONG incluso se refiere en el texto a la prevalencia de la Constitución cubana sobre los tratados internacionales, así como la yerro de independencia del poder jurídico, supeditado al Partido Comunista, «un código penal que establece “medidas predelictivas”, así como las leyes y decretos que limitan la confianza de opinión, expresión, reunión, manifestación y asociación».

Las violaciones de derechos por parte del Gobierno cubano son incontables y están proporcionadamente documentadas, a pesar de la opacidad del régimen. La represión que ha llevado a lado sobre sus ciudadanos se ha mantenido durante décadas, y en oficio de suavizarse con la presentación al poder del presidente Miguel Díaz-Canel, parece haberse intensificado. Sin confiscación, la continuidad de Cuba en el CDH parece asegurada. La pregunta es preciso y necesaria: ¿Cómo es posible que un país que viola reiteradamente los DD.HH. sea electo, una y otra vez, para formar parte de este organismo? «Cuba tiene un deplorable récord en materia de derechos humanos. Se prostitución de una dictadura que impone un maniquí de sociedad cerrada—la única en todo el hemisferio—y reprime el disenso de guisa sistemática. Solo en lo que va de este año, se han registrado más de mil detenciones arbitrarias y no hay que olvidar que hay más de 100 presos políticos», explica a TechnoMiz José Miguel Vivanco, director de la división para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW). Unas víctimas que «no cuentan con ningún organismo independiente que pueda ampararlos y proteger sus derechos y el Gobierno no ha permitido el acercamiento de observadores internacionales creíbles para examinar la situación en el ámbito», asegura el responsable para América de HRW.

«El Gobierno cubano cuenta con un importante apoyo político en la Asamblea Normal que lo aprovecha en parte para elegirse al CDH y así intentar blindarse a sí misma», afirma Vivanco

El problema de esta perpetuación de Cuba en este organismo estaría, según Vivanco, en que los asientos en el Consejo de DD.HH. «se eligen por votos de la Asamblea Normal, no sobre la pulvínulo de un observación objetivo de los circunstancias de derechos humanos de cada país. Y desafortunadamente el Gobierno cubano cuenta con un importante apoyo político en la Asamblea Normal que lo aprovecha en parte para elegirse al CDH y así intentar blindarse a sí misma y a sus aliados—incluyendo a la dictadura de Prudente en Venezuela—de condenas y críticas por sus violaciones a derechos fundamentales. Felizmente estos países no tienen mayoría en el Consejo».

Una mera formalidad y una fraude

En cuanto si habría alguna guisa de evitar que Cuba y países que violan los DD.HH. formen parte del Consejo, Vivanco señala un aspecto que considera secreto: «Hay que terminar con la habilidad de las listas cerradas por región. Lo que ocurre asiduamente es que las distintas regiones geográficas proponen tantos candidatos como asientos están asignados a cada zona. Ahora mismo, América Latina y el Caribe presenta tres candidatos (Cuba, México y Bolivia) para los tres asientos que corresponden a esa región, de guisa que los tres serán elegidos. Este mecanismo transforma las elecciones al consejo en una mera formalidad pero incluso en una fraude y permite que sean elegidos estados con un récord vergonzoso, como Cuba».

Que países como Cuba o Venezuela insistan en formar parte del Consejo no hace cuestionable la continuidad de este organismo, en opinión de Vivanco. «Los regímenes que violan de forma sistemática los derechos humanos, como China, Arabia Saudí y Cuba, buscan un asiento en el Consejo de DD.HH. precisamente porque quieren evitar que este organismo funcione adecuadamente. Esa es una reveladora evidencia de que los grandes violadores de derechos humanos le temen al Consejo y prueba la importancia de que esta entidad siga operando. Hasta ahora, estos gobiernos han hecho enormes esfuerzos por frenar la bordado del Consejo, pero gracias a estados que aún creen en la obligación de defender conjuntamente los derechos humanos, el consejo ha seguido operando y ha podido poner el foco de atención en situaciones desastrosas de derechos humanos en todo el mundo. Sin ir más allá, en los últimos días se han aceptado resoluciones secreto sobre Venezuela y Siria».

Reforma del sistema de opción

A la vicepresidenta del Parlamento Europeo para América Latina, Dita Charanzová, incluso le rebato que países violadores de DD.HH. como Cuba, Rusia, Arabia Saudí formen parte de este organismo, cuyos filtros de selección no parecen tener meta: «Lamentablemente así son las normas actuales sobre las elecciones del Consejo. Esto pone de relieve de nuevo de que es necesario enmendar el sistema de opción de miembros al Consejo de DD,HH, de la ONU para que no siga pasando en el futuro», explica a TechnoMiz Charanzová, muy comprometida con los derechos en la isla. Hace unos meses promovió una resolución de necesidad en presencia de el PE pidiendo la exención del líder contrincante cubano, José Daniel Ferrer. Además ha cuestionado el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea adecuado a las constantes violaciones de derechos en el país, vulnerando así uno de los puntos del acuerdo.

«A pesar de que Venezuela forma parte del Consejo, eso no impide que este pueda seguir aprobando informes sobre violaciones de DD.HH. en Venezuela y otros países con situaciones similares», afirma Charanzová

Como Vivanco, Charanzová intenta defender a la institución en su conjunto, a pesar de ciertas anomalías. «El hecho de que países como los que ha famoso estén allí no significa que tengan mayoría ni que sus posiciones sean la límite directriz de la defensa de los DD.HH. en este Consejo -señala-. Por ejemplo, a pesar de que Venezuela forma parte del Consejo, eso no impide que este pueda seguir aprobando informes sobre violaciones de DD.HH. en Venezuela y otros países con situaciones similares». Y añade: «No obstante, sigo pensando que ya es hora de que se reforme el sistema de opción de miembros del víscera más importante de las Naciones Unidas referente a los derechos humanos», insiste.

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