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Así intervendrá el Gobierno el mercado del alquiler

Así intervendrá el Gobierno el mercado del arriendo
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Guillermo GinésGuillermo Ginés

Unidas Podemos y PSOE mantenían un pulso respecto a los límites del arriendo del que nadie ha desencajado inviceto. La formación morada no ha conseguido incluir estas restricciones en el acuerdo presupuestario, como pretendía. Pero a cambio ha sacado un compromiso firme del Partido Socialista para que el control del mercado sea efectivo en un plazo mayor de cuatro meses. Y va a ser difícil que el PSOE vuelva a dar largas a su socio cuando ese plazo concluya.

¿Cómo intervendrá el mercado del arriendo el Gobierno? Ambas formaciones han decidido habilitar mecanismos para controlar los precios en la ley de vivienda que prepara el Tarea de Transportes, Movilidad y Memorándum Urbana. La atrevimiento hace saltar por los aires los puentes que había tendido el sección dirigido por José Luis Ábalos con el sector inmobiliario, al que había ofrecido participar en la elaboración de la mencionada norma, que se encuentra en estos momentos abierta a consulta pública.

Tal y como adelantó TechnoMiz, asociaciones de propietarios como Asval tenían presentado presentar propuestas a esta ley. Unas propuestas que, tras el acuerdo corto entre PSOE y Podemos, serán ignoradas por el Ejecutor. «Se van a conformar diferentes grupos de trabajo para propiciar un debate que permita la elaboración del texto legal que, en cualquier caso, desarrollará y respetará el acuerdo de coalición», reza el acuerdo corto entre uno y otro partidos.

Como muestra de este compromiso, el Gobierno ha accedido a que la ley sea supervisada por la vicepresidencia de derechos sociales, comandada por Pablo Iglesias. Queda fuera de la ecuación la vicepresidencia económica, liderada por Nadia Calviño. Una ministra que se ha opuesto públicamente a imponer límites a los precios del arriendo.

Así, el Gobierno asegura que la norma recogerá los siguientes contenidos:

-Habilitar a las comunidades a imponer límites a los alquileres basándose en el índice de precios desarrollado por el Tarea de Transportes. Este índice recoge, por el momento, datos del mercado de 2018.

-Convalidar este índice con los desarrollados por determinadas comunidades.

-Las administraciones locales y autonómicas podrán determinar zonas tensionadas «cuando se haya producido un incremento excesivo y sostenido de las rentas del arriendo». Se establecerán mecanismos de contención de los precios. Y ojo, estos se aplicarán, según el acuerdo presupuestario, tanto a los nuevos contratos como a los contratos existentes. El Gobierno pretende aplicar rebajas de precios en todos ellos.

Es aseverar, los límites de precios podrían desplegar la puerta a la modificación de miles de contratos ya firmados entre propietarios e inquilinos. Las medidas se aplicarán en rentas que hayan sufrido «subidas injustificadas». ¿Qué es una subida injustificada? Según el Ejecutor, se acotarán «los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda».

«Daños irreparables»

El Ejecutor asegura que con esta ley se mejorará la transparencia y la información en las ofertas de vivienda y en los propios contratos de arrendamiento. El sector inmobiliario opina todo lo contrario.

Este martes, distintos agentes han criticado la atrevimiento del Gobierno. «La intervención de los precios del arriendo a nivel franquista va a traer consigo daños irreparables para el mercado, pues tal y como hemos comprobado con la experiencia en Cataluña, esta irá ligada estrechamente con una robusto retracción de la propuesta y luego provocará la subida de los precios y un peligroso aumento de la capital sumergida», ha opinado el CEO de Arrendamiento Seguro, Antonio Carroza.

«Esta medida puede hacer que a la larga muchos propietarios decidan poner sus viviendas en régimen de saldo y no de arriendo si la regulación de precios es muy restrictiva», ha considerado por su parte Anaïs López, portavoz de Fotocasa.

«Confinar las rentas no es la posibilidad, hay que aumentar la propuesta y ayudar a la demanda. La diferencia entre la capacidad de suscripción de las familias y la crecimiento de las rentas hace necesaria la proceder de las administraciones públicas», ha explicado por su parte el director de estudios de Pisos.com, Ferran Font.

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